El abuso tuvo lugar en el gobierno anterior. Ya que se usaron dineros incautados para pagar maestrías de cinco burócratas.
El abuso de cinco empleados que pagaron sus maestrías con fondos de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Lo anterior se puede observar en un informe de auditoría realizado por las actuales autoridades. Este abuso fue con el visto bueno del director.
En este documento se muestra el abuso que hubo con los recursos incautados a los narcotraficantes.
Es que en la ejecución presupuestaria constata el pago de casi un millón de lempiras destinados a cancelar la maestría de empleados de la OABI.
Quien autorizó
La transacción que se realizó tuvo el visto bueno del entonces director, Francisco Flores.
El abuso es en el desembolso que no cuenta con regulación de becas, ni capacitación para controlar o generar requisitos de aplicación.
Lo usual es que este tipo de asignaciones tengan un respaldo legal y que los becarios se comprometan a realizar determinadas contraprestaciones.
Informe actual
Para el año 2021 hubo una verificación a la ejecución presupuestaria en la que se encontró en la cuenta contable número 24-500 servicios de capacitación.
Allí figura la erogación por el orden de L756,884.35, la cual corresponde al pago de cinco maestrías a servidores de la OABI.
Entre los beneficiarios está la jefa de la región noroccidental, Diosara Mitchael Torres para que ella cursara una maestría en Derecho de Negocios.
La transacción fue realizada en febrero a julio del 2021, por L207,703.07, en la Universite de Managenet de Suisse Sociedad Anónima.
Otros abusos
De igual manera, le otorgaron la misma beca a la coordinadora de la Sección de Arrendamientos de Bienes Incautados y Decomisados (SABID), Nancy Dorina Hernández.
A ella le pagaron la maestría de Derecho de Negocios en la Universite de Managenet de Suisse SA por el orden de L205,384.03.
Asimismo la asistente de secretaría general de la OABI, María de los Ángeles Díaz, le dieron una beca para una maestría en Derecho tributario en Unitec por L141,627.00.
También la asistente de Dirección Ejecutiva, Glenda Guisselle Méndez, con su maestría en Administración de Proyectos en Unitec, en abril del 2021, que costó L159,295.
Y, el jefe interino de la Unidad Jurídica, Gabriel Trochez, recibió una beca con fondos de la OABI para una maestría en Derecho Tributario, en Unitec, por un monto de L42,875.25.
La auditoría revela el abuso hecho en los casos de Diosara Torres, Nancy Hernández y María de los Ángeles Díaz solo hay solicitud sin aprobación.
No obstante en ningún documento se establece que la OABI se hará cargo de pagar dichas maestrías.
Un memorándum entre Hugo Zacapa y Jaime Arias con la supuesta firma del director Francisco Flores se procedió a realizar los pagos.
Glenda Méndez y Gabriel Trochez presentaron la solicitud de apoyo económico y el director Francisco Flores quien dio el visto bueno.
Falta de coordinaciones
En la investigación realizada a lo interno de la organización se puede constatar el abuso, la falta de control interno y de coordinación entre las autoridades y la secretaría general.
La auditoría a profundidad revela que el procedimiento interno, la secretaría general es la encargada de admitir mediante auto las solicitudes, diligencias y actuaciones presentadas ante la OABI.
Pero estas por su naturaleza son asignadas a la unidad operativa correspondiente para que esta elabore informe pertinente.
Posteriormente, se emita la respectiva resolución ejecutiva de parte de la unidad jurídica en la que se resuelve a favor o en contra lo solicitado.
No hay una política que autorice
Pero, a lo interno de la OABI no existe una política jurídica y procedimental para resolver ese tipo de solicitudes.
Esto lleva a una situación en la que prevalen criterios discrecionales y, en algunos casos, arbitrarios, en detrimento del buen funcionamiento de la oficina.
De igual forma, la auditoría dio a conocer a las autoridades actuales que se desconoce el total de las cargas laborales y administrativas incoadas en contra de la OABI.
Es que las mismas no son recabadas por dichas unidades en la oficina central, tampoco se maneja cifras o datos sobre la cuantía a la que ascienden las demandas en este abuso.
Ineficiencia
Otro de los pormenores que se plasmó en el informe es la identificación de una alta mora en la unidad jurídica, debido a la acumulación de diferentes casos sin respuesta.
Asimismo la falta de seguimiento por parte de la Secretaría General y control a las solicitudes remitidas a las unidades operativas o a la Unidad Jurídica.
Además la falta de celeridad en la resolución de las solicitudes y archivo de los procesos sin motivo alguno.
Entre otras irregularidades que contiene el informe, figura el pago de más de 21 millones de lempiras a la empresa I Technology por tres contratos para proveer softwares.
Esto para administrar las empresas Cuasa, Grupo Márquez y Marinos Seafood.
La dirección ejecutiva de la OABI -entre finales del año 2020 y hasta julio del 2021- suscribió tres contratos por el proveedor I Technology por la adquisición de un software SIPAA y SIPLAF.
Todo esto con el fin de administrar las empresas Cuasa, Grupo Márquez y Marinos Seafood, a un costo de $902,851.20, equivalentes a L21,795,281.45.
¿Cuál sofware?
Hasta el día de hoy, esos sofwares están en desarrollo, aunque ya fueron pagados en su totalidad.
La fecha estiputada para entregar esos sistemas ya venció, pero el informe de la auditoría establece que todavía están en proceso de desarrollo e implementación.
Hay dos módulos pendientes en el caso de la empresa Cuasa.
También se encontraron deficiencias en las bases de datos del Sistema Informático de Administración de Bienes Incautados (SISBIENES).
Se comprobó que se paga una licencia de Oracle al proveedor DATUM por un monto de $46,350.22 (L1,120,631.60) por año.
Sin embargo desde la fecha de implementación no se ha realizado ningún desarrollo o mejora al sistema.
La institución muestra debilidades de seguridad en los tres sitios web OABI, el sitio web actual es una plantilla gratuita, lo cual implica riesgo.
El problema está en que si se cambia la versión y el sitio no se actualiza oportunamente, la presentación del sitio se pierde.
El nivel de seguridad es deficiente, actualmente se encuentra bajo ataque constante porque tiene muchas vulnerabilidades.
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