En Honduras, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos ha expresado su preocupación por las violaciones flagrantes al espíritu de la norma jurídica, que ponen en riesgo el estado de derecho en el país. Esto se relaciona con la reciente derogación del Decreto 116-2019, la Ley de Fondo Departamental.
Según Barrientos, la Ley de Fondo Departamental debería haber sido derogada con 86 votos para ser constitucional, pero fue derogada con menos votos, lo que podría ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad. Aunque celebra la derogación de esta ley, señala que las acciones del Congreso Nacional se han estado llevando a cabo de manera equivocada, violentando las normas y la ley.
El abogado enfatiza que es responsabilidad del Poder Ejecutivo brindar ayudas, no de los parlamentarios. Sugiere que, al momento de ratificar el acta, se deben considerar las implicaciones legales y esperar hasta obtener el voto de los 86 diputados, tal como lo estipula la ley.
La designada presidencial, Doris Gutiérrez, también ha compartido preocupaciones similares, destacando que aunque se haya derogado la Ley de Fondo Departamental, la ley sigue viva en su origen y se debe abordar la raíz del problema.