El juez a cargo del caso ha ordenado la detención judicial de ocho oficiales en servicio activo de la Policía Nacional, quienes están adscritos a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y enfrentan acusaciones por varios delitos.
Los oficiales bajo custodia responden a los nombres de Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson Josué Durón Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renán Zambrano Banegas, Rodys Edgardo Hernández Casco, Walter Alexander Muñoz Muñoz y Denis Alfredo Estrada López.
El Ministerio Público formuló los cargos contra ellos por asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios públicos.
Estos ocho oficiales serán trasladados al centro penal de El Progreso, Yoro, en cumplimiento de la orden judicial. Hasta el momento, el juez no ha establecido la fecha y hora para la audiencia inicial, donde se discutirán los cargos presentados contra ellos.
Este caso refleja la determinación de las autoridades judiciales en Honduras para enfrentar la corrupción y el abuso de poder dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Los hechos
De acuerdo a la investigación el hecho ocurrió el 12 de enero del año 2024, a las 4:40 de la madrugada cuando los acusados llegaron a bordo de dos vehículos tipo pick up sin placas, hasta una vivienda en la colonia Monte Fresco de San Pedro Sula, Cortés, y de forma violenta rompieron el portón e ingresaron, dirigiéndose a la habitación del ofendido para luego llevarlo hasta la sala donde fue víctima de golpes en todo su cuerpo, mientras otros efectivos registraban la casa.
Posteriormente de haberlo golpeado comienzan a interrógalo, preguntándole donde guardaba el dinero, las drogas, las armas de fuego y bienes de valor, el ofendido les expresó que no tiene nada de eso, porque no se dedica a delinquir, todo ello mientras lo despojaban de dos Iphone, su cartera con documentos personales y dinero, un Apple Watch, un arma de fuego, además de tratar de boicotear el sistema de cámaras de la vivienda.
Después de más de tres horas de tenerlo retenido ilegalmente y llevarlo a distintos lugares de SPS, los policías le exigieron la cantidad de 350 mil lempiras para dejarlo en libertad, pero el ofendido les dice que no tiene esa cantidad de dinero, posteriormente observa a uno de los agentes de policía que saca de su chaleco unas bolsas y las introduce a su mochila, cuando amanece lo llevan a las instalaciones de la DPI en SPS, incluso amenazándolo con matarlo.
Una vez en esas instalaciones y luego de presentar informes de investigación falsos, lo presentaron como miembro de una estructura criminal, implantándole para ello bolsas de cocaína, marihuana y un arma de fuego automática, tipo ametralladora marca UZI, continuando las amenazas en el sentido de remitirlo al MP con toda esa falsa evidencia, en caso de no darles la cantidad de dinero que le solicitaban.