Las 12 personas que van a juicio tienen nexos fuertes con la organización criminal de los Valle-Valle, actualmente extraditados.
Unas 12 personas ligadas a los Valle-Valle comparecieron en un juicio oral y público, acusados de actividades de narcotráfico y tráfico de armas.
Ellos quedaron a disposición de las autoridades tras una operación de allanamiento ejecutada por miembros de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
Se trata de Tesla Danessa Ortega Valle, hija de Digna Valle-Valle; Amelia García, Juan Carlos Rosales García y Jorge Danilo Rosales García.
Asimismo, Juventino Rosales Mejía, Bayron Javier Rosales García, Hudaldina Guerra Bueso, Karen Walkidia Moreno Chinchilla y Darwin Orlando Ramos Díaz.
También, Digna Emérita Rosales García, Lesly Sofía Espinoza Trigueños y René Isaac López Maury, encausados por lavado de activos y asociación para delinquir.
De acuerdo con informes presentados por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), los acusados quedaron presos el 22 de octubre del año 2015.
Una denuncia anónima acusó al ciudadano Rene López que se dedicaba a agente inmobiliario, además de comprar y vender vehículos.
Esta persona tiene relación con la organización de los hermanos Valle-Valle, pero actualmente se encuentra en una cárcel de Estados Unidos.
Posteriormente, el 11 de febrero de 2016 se denunció a los señores Jorge Danilo Rosales García, René Isaac López Maury y Darwin Orlando Ramos Díaz.
Ellos se dedicaban al tráfico ilícito de drogas que trasladaban de Honduras a Guatemala, usando puntos ciegos.
Con el dinero de esta actividad adquirió bienes muebles e inmuebles entre estos un auto lote de nombre “NEKO”, de Santa Rosa de Copán.
Una tercera denuncia que recibió la Policía fue recibida el 02 de junio del año 2016 en San Pedro Sula.
En ella se mencionaba a estas personas por sus actividades de lavado de activos.
Debido a esto, la DLCN y FESCCO ejecutaron la “Operación Redada”, por la cual el 13 de noviembre de 2017 capturaron a estas personas e hicieron 19 aseguramientos de bienes.
Todas estas propiedades y viviendas se encuentran ubicadas en Santa Rosa de Copán, Florida y El Paraíso, Copán.
Además se identificaron otros bienes en Quimistán y San Marcos, Santa Bárbara.
Luego, el 22 de enero de 2020, el Ministerio Público amplió el caso con la puesta en marcha de la Operación Redada II.
En esta acción se ejecutaron medidas de aseguramiento sobre 22 bienes e inmuebles, mismos que no tenían justificación legal ni económica su origen.
