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1.2 millones de lempiras incriminan a Daniel Atala en asesinato de Berta Cáceres

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Tras siete años del asesinato de la dirigente ambiental, Berta Cáceres, se menciona el nombre de uno de los asesinos intelectuales, él es Daniel Atala Midence.

El requerimiento fiscal con orden de captura por parte del Ministerio Público ya fue librado. Esta no es la primera ocasión en la que se mencionó el nombre de Atala Midence, pero es hasta ahora que se ejecuta una acción judicial en su contra.

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En un principio el Ministerio Público informó sobre un requerimiento fiscal con orden de captura en contra de un nuevo involucrado, pero no especificó de quién se trataba.

Pero el nombre de Atala fue filtrado a los medios de comunicación corporativos por los familiares de la dirigente indígena asesinada.

Atala Midence se mencionó por primera ocasión durante el juicio de Roberto David Castillo en abril de 2021. Castillo es expresidente de la empresa de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuando se mencionó una millonaria transferencia.

De acuerdo con la coordinadora del Copinh e hija de Berta Cáceres, Bertha Zúñiga, el nuevo medio de prueba implicó una transferencia de 1.2 millones de lempiras entre la empresa Concretos del Caribe S.A. (Concasa) de Daniel Atala, y Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (Pemsa) de David Castillo, dos días antes del asesinato de la defensora indígena.

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Al momento de estos movimientos bancarios, Daniel Atala era gerente financiero de DESA, empresa a la que fue concesionada de forma ilegal e inconsulta el proyecto hidroeléctrico Aguazarca en el occidental departamento de Intibucá y contra el cual se oponía parte del pueblo indígena Lenca, con el acompañamiento del Copinh y Berta Cáceres, entonces coordinadora de la organización.

Por el asesinato de Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, han sido sentenciadas ocho personas. Estas son: David Castillo, Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez, Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Óscar Torres Velásquez. Se mantienen en impunidad los autores intelectuales del crimen.


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