El Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional aclaró que Taiwán, reintegró la inversión realizada para la adquisición del avión presidencial.
En un comunicado, el Comité Técnico del Fideicomiso señaló que Taiwán dio una muestra de generosidad y donó los fondos necesarios para modernizar las capacidades de la Fuerza Aérea en lo que se refiere a transporte y desastres naturales.
En ese aspecto, indica que, con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para la adquisición de la aeronave -avión presidencial-, el Gobierno a través del Consejo de Defensa y Seguridad, emitió una resolución para autorizar al Comité Técnico del Fideicomiso a realizar la erogación y así asegurar la aeronave.
Ante ello, aclara que Taiwán reintegró al Estado de Honduras la inversión realizada por dicho Comité para la administración del fondo de seguridad poblacional referente a la adquisición de la aeronave a través de dos cheques emitidos a favor del Banco Central.
Adicional a la donación del avión, Taiwán asignó y donó fondos para gastos de mantenimiento de la aeronave, así como donación para la compra de las ambulancias y helicópteros.
Informe del CNA
El CNA reveló que más de 1,077 millones de lempiras se desembolsaron en el avión presidencial, el cual estaba destinado para uso exclusivo de los altos funcionarios del gobierno.
En un informe denominado, «Avión presidencial: el despegue del saqueo a una nación», el ente anticorrupción constató el desembolso total de 1,077 millones 713 mil 684 lempiras con 68 centavos por parte del Estado de Honduras a través de la Tasa de Seguridad Poblacional en concepto de adquisición, uso, mantenimiento y operación de la aeronave presidencial Embraer Legacy 600.
En ese sentido, la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, amplió que en 2014 se pagó la reserva de compra del avión presidencial con el anticipo de casi 21 millones de lempiras.
Una aeronave de segunda mano que ya contaba con mil 606 horas de vuelo, aun cuando al momento de la compra la Ley de Contratación del Estado prohibía adquirir bienes usados; sin embargo, «volaron a comprarlo».
En el informe, se evidenció que la compra de la aeronave se registró como una deuda a cargo del Estado de Honduras, cuando evidentemente se trató de un bien que el Estado adquirió en propiedad.
Así como también, la omisión a las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado, las significativas erogaciones destinadas al mantenimiento de la aeronave; a las operaciones especiales y al entrenamiento de pilotos.
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