Lester Ramírez dice que hace falta voluntad política y señala como el mecanismo de protección operan con deficiencias como falta de recursos.
Las muertes violentas de activistas de territorios y defensores de derechos humanos es algo que alarma mucho a la experta Lucía Vigil del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) y la situación preocupa más cuando se trata de personas que previamente habían denunciado amenazas a muerte ante las autoridades e incluso contaban con medidas del sistema de protección.
«Es lamentable que a dos meses de este año ya se han registrado 7 muertes violentas y es complicado porque muchos de los implicados tenían incluso medidas de protección dadas incluso por la Corte Interamericana, pero luego dadas por el mecanismo de protección».
Para el representante de la sociedad civil Lester Ramírez hace falta voluntad política y señala que instancias como el mecanismo de protección operan con grandes deficiencias como falta de recursos y de capacidad instalada, no descarta la influencia negativa de intereses políticos.
«Primero es un tema de voluntad política, segundo uno de capacidad instalada y tercero muchas veces también estos mecanismos de protección tienen un tinte político también y hay que reconocerlo, lo hemos visto en otras esferas, especialmente en las esferas de la ayuda humanitaria para personas migrantes, tenemos que tener una política clara de protección del Estado», dijo Ramírez.
Pero de acuerdo al informe de gestión 2022 de la Secretaría de Derechos Humanos, la dirección general del sistema de protección ha dado seguimiento a la implementación y ejecución de las medidas de protección y cautelares de 152 casos activos de personas y colectivos beneficiarios del mecanismo de protección.
Estadísticas con las que no concuerda, Carlos Ortíz, exintegrante del consejo de protección, quien asegura que el sistema está desarticulado.
«La ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, es una irresponsable total ha desarticulado el mecanismo de protección aunque ellos dicen que no, no hay protección a los defensores de derechos humanos, pero lo más grave es la poca voluntad de la presidenta de la República en ordenar está secretaría de Estado», dijo Ortíz.
A criterio de Ortíz, la violencia y asesinatos en contra de defensores de territorios siguen poniendo en tela de duda la eficacia del mecanismo de protección que lejos de brindar seguridad es causa de ciertas desavenencias entre algunos representantes de la sociedad civil con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos.
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: “ILEGALIDAD” DE JUNTA DIRECTIVA DEL CN ARRIESGA LEGITIMIDAD DE CSJ
