Mientras los representantes del COPINH se tomaban las instalaciones del INA; en el Ministerio de Seguridad se volvía a reunir el Consejo Agrario tras un año de inactividad.
Pero este encuentro no pretende solucionar el tema puntual de la titulación de más de nueve mil manzanas de tierra en Lempira, Intibucá, La Paz y Comayagua que exigen los indígenas apostados en la Alameda.
Más bien, fue un grupo de “todólogos”, entre ellos empresarios, funcionarios y líderes de las organizaciones campesinas que se encontraron para opinar del problema del agro, tal y como se ha hecho todos estos años.
Ellos decidieron conformar tres subcomisiones:
1.- Tenencia ilegal de la tierra y desalojo
2.- Reformas legales que tienen que existir en materia agraria
3.- Cómo las empresas pueden apoyar a los campesinos para que estos puedan ser productivos
También acordaron reunirse el próximo miércoles para “seguir discutiendo” la problemática de nuestros campesinos en el sector rural, pero nadie habló de los indígenas.
¿Qué piden los indígenas?
Los indígenas solicitan al gobierno el reconocimiento de más de nueve mil 728 manzanas de tierra en las que viven unas 852 familias.
Es que el COPINH tiene 10 procesos de demanda de tierra ante el INA y el Instituto de la Propiedad, de las cuales una de estas resoluciones se encuentra en manos del Consejo Nacional Agrario.
Específicamente, los indígenas piden un compromiso del Estado para entregar en su totalidad el predio denominado “El Redondillo”, a las comunidad lencas de Montaña Verde de Gracias, Lempira.
Asimismo, se solicita la emisión de títulos comunitarios de los procesos de La Silencia y Planes, para la gente de Montaña Verde que ha esperado durante 25 años una sentencia favorable en este litigio.
Los representantes lencas exigen también que el Consejo Nacional Agrario y el INA resuelvan favorablemente la titulación de la comunidad del Achiotal, Siguatepeque, Comayagua.
Un caso similar se vive en la comunidad lenca de Río Blanco, El Naranjo y La Jarcia, en el departamento de Intibucá.
Así como en la comunidad 1 de Agosto, en El Encinal, en el departamento de La Paz.
Los representantes indígenas consideran que han sido perseguidos penalmente en las comunidades de Nueva Esperanza y El Achiotal, pues sus pobladores han sido acusados por el delito de usurpación de tierras.
El reclamo es mucho más grande, puesto que se espera el saneamiento de los títulos de propiedad en las comunidades lencas de Pueblo Viejo, Limoncillo y Lajitas en Colomoncagua, Intibucá.