El Salvador y Honduras no tienen condiciones para recibir a sus ciudadanos que se encuentran en Estados Unidos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), reveló hoy un informe patrocinado por la Alianza TPS, que busca que el Gobierno del presidente Joe Biden renueve el amparo.
El TPS para inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua, Haití y Sudán se mantiene vigente gracias a una orden de una corte de California emitida en medio de una demanda que se inició en la Administración de Donald Trump (2017-2021).
Los “tepesianos”, como se conoce a los inmigrantes amparados con el TPS, demandaron al Gobierno por querer poner fin al programa.
La Alianza TPS, que reúne a organizaciones de defensa de inmigrantes en todo el país, ha pedido al Gobierno de Biden que renueve la designación de TPS para estos países como lo ha hecho con otras nacionalidades que no están mencionadas en la demanda.
El nuevo reporte, realizado por Cecilia Menjívar, socióloga e investigadora de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), y el economista William Pleités, exdirector del programa de cooperación FOMILENIO El Salvador, hizo una radiografía de la situación económica y de seguridad de estos dos países.
Concluyeron que El Salvador y Honduras “no tienen condiciones para recibir” a estas personas en caso de ser deportadas.
Por ejemplo, la economía de El Salvador, el país con más personas amparadas por el TPS con cerca de 200.000 beneficiarios, no genera los empleos necesarios para absorber el aumento de la población, destaca el informe. Los empleos en la economía formal del país han disminuido desde 1989.
En los últimos 25 años la economía salvadoreña ha generado un promedio de 13.000 empleos anuales, mientras 50.000 personas ingresan al mercado laboral cada año. El desbalance se vería agravado si son deportados los inmigrantes.
“El Salvador no puede absorber esa mano de obra”, dijo Pleités este martes en una conferencia de prensa donde se presentó el informe.
En el caso de Honduras, el 60% de los hogares experimentan pobreza multidimensional y es el país que presenta mayor subempleo de Centroamérica.
Menjívar advirtió que terminar con el TPS para los hondureños y enviarlos de regreso a su país disminuiría las remesas, lo que significa que la pobreza aumentaría un 5 % y las tasas de desempleo y subempleo aumentarían drásticamente.
Los investigadores advirtieron que ninguno de los dos países presenta en un futuro cercano un desarrollo económico para recibir a los inmigrantes. También presentaron análisis sobre las desventajas que tienen los dos países en materia de violencia, seguridad y cambio climático.
El reporte entregó una serie de recomendaciones, que incluyen extender el TPS para estos inmigrantes e incluir a esos países en programas de inversión y reconstrucción en la región.
Pablo Alvarado, codirector de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que es parte de la Alianza TPS, dijo en conferencia de prensa que es “irónico” que inmigrantes que lucharon por el TPS como los salvadoreños y hondureños ahora dependen de la orden de una corte.
La Alianza TPS convocó una manifestación en Washington DC del 14 al 16 de mayo.
“Este no es solo un tema interno de inmigración. El TPS tiene que ver con la relación de Estados Unidos con Centroamérica. Es un tema trasnacional”, advirtió a su vez Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen).
