La solicitud de la Fiscalía llega dos meses después de que el juez a cargo de ambos casos, Kevin Castell, fijara para el 18 de septiembre de 2023 el inicio del juicio oral y público en contra de Hernández y Bonilla.
La Corte del Distrito Sur de Nueva York todavía no ha emitido una respuesta en torno a la solicitud de los fiscales. Sin embargo, este martes la defensa de Juan Orlando Hernández, a través de Sabrina Shroff, ha solicitado al juez Castell que la deniegue.
Bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), la evidencia en contra de Juan Carlos «El Tigre» Bonilla y Juan Orlando Hernández se mantendrá protegida y clasificada y, adicionalmente, sus equipos defensores no podrán divulgar ningún tipo de información inculpatoria o exculpatoria relacionada con ambos casos.
Caso JOH
Hernández fue extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022, luego de haber sido capturado por la Policía el 15 de febrero ante una solicitud de ese país.
A Hernández, gobernante de Honduras entre 2014 y 2022, se le acusa por conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
De acuerdo con la acusación, Juan Orlando Hernández lideró entre 2004 y 2022 una estructura criminal que traficó al menos 500 toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos.
El exgobernante hondureño fue finalmente extraditado el 21 de abril de 2022 y, desde ese momento, guarda prisión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos.
¿Por qué acusan al Tigre Bonilla?
Mientras, Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Juan Carlos «Tigre» Bonilla, quien se desempeñó como director de la Policía Nacional entre 2012 y 2013, usó su cargo para facilitar el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos.
Adicionalmente, indica la demanda, utilizó y portó ametralladoras y dispositivos destructivos en relación a la conspiración para importar drogas y promoverla conspiración de importación de cocaína.
También se le señala de usar la violencia, incluido el asesinato, para proteger a narcotraficantes socios, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández, Juan Antonio Hernández y Geovanny Fuentes -estos últimos dos condenados a cadena perpetua-.
Se le capturó el 9 de marzo de 2022 en la estación de peaje de Zambrano, Francisco Morazán, después de haber estado prófugo por un año. El 13 de marzo de 2021 se le solicitó en extradición y se libró una orden de captura en su contra.
El 10 de marzo de 2022, las autoridades hondureñas lo entregaron a las estadounidenses y, desde entonces, el exjerarca de la Policía hondureña permanece recluido en el Centro Correccional del Condado de Hudson, ubicado en Kearny, Nueva Jersey, Estados Unidos.
