Los recursos de amparo están bajo los registros 0984-2023, SCO: 0998-2023, SCO: 1004-2023 y SCO: 1006-2023, indicó el Poder Judicial en un comunicado.
Los recurrentes son el magistrado de apelaciones del Poder Judicial, Omar Bonilla Jiménez; el exjuez de lo Civil, Mario Urquía, y los actuales fiscales del Ministerio Público, Rafael Soto y Luis Javier Santos.
A todos ellos, la Junta Proponente no los consideró idóneos para ser fiscal general o fiscal general adjunto por no reunir requisitos de idoneidad con base a una matriz de evaluación.
En el comunicado se informó que, con unanimidad de votos, los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional admitieron los recursos sin suspensión del acto reclamado.
«Por lo tanto, el proceso constitucional continúa de conformidad con lo que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional y se resolverá oportunamente sobre el fondo del asunto planteado por los recurrentes», citó el Poder Judicial.
Habrá que revisar qué se impugnó
La exjueza y exaspirante a magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ana Pineda, expresó su opinión respecto al caso y sostuvo que, aunque la Junta Proponente ha sido disuelta, el proceso de selección del fiscal general aún se encuentra en curso y cuenta con etapas impugnables: elección y juramentación.
«Esto quiere decir que los amparos todavía pueden surtir efectos legales frente a los recurrentes, amparándolos en el derecho, si es que impugnaron el acto general de elección y no solo el acto de la Junta Proponente. Si solo impugnaron el acto de la Junta Proponente, que ya está disuelta, no hay nada quehacer», manifestó la experta en derecho constitucional.
¿Por qué fueron descalificados?
Uno de los aspirantes, el magistrado de apelaciones, Omar Bonilla Jiménez, fue rechazado por haber actuado como magistrado integrante (suplente) de la CSJ en 2012, donde votó en contra de la admisibilidad de recursos de amparo presentados por los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional destituidos por el Congreso Nacional en diciembre de ese año.
La resolución acusa a Bonilla Jiménez de violar derechos laborales de los exmagistrados y causar perjuicio al Estado de derecho, lo cual no lo hace cumplir con el perfil idóneo de fiscal general y fiscal general adjunto, según la resolución de exclusión emitida por la Junta Proponente.
Por otro lado, Juan Rafael Soto Aguilar fue descartado debido a una denuncia en su contra por un delito de acción pública en perjuicio de la Administración pública del Estado hondureño.
Mario Urquía, por su parte, fue descalificado por estar inhabilitado, ya que había sido presidente de la última Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la CSJ.
En el caso de Luis Javier Santos, la Junta Proponente identificó una demanda interpuesta por él contra el Estado hondureño, con relación al caso del asesinato de la ambientalista Jeanette Kawas, en el que actuó como fiscal.
Proceso continúa
A pesar de las impugnaciones y descalificaciones, el proceso de selección de las nuevas máximas autoridades del Ministerio Público continúa.
La Junta Proponente, ya disuelta, entregó el martes al Congreso Nacional la nómina final de cinco candidatos, afines con los tres partidos políticos más fuertes dentro del Legislativo.
Los propuestos son Jenny Almendares y Mario Morazán, afines a Libertad y Refundación (Libre), Marcio Cabañas y Johel Zelaya, allegados al Partido Liberal, y Pablo Reyes, cercano al Partido Nacional.
La elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto deberá realizarse antes del 1 de septiembre, cuando finaliza el periodo constitucional por el que fueron electos los actuales titulares del Ministerio Público, Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián.
Se requerirán 86 votos para elegir a estos altos funcionarios del Estado, aunque el escenario de falta de consensos en el Congreso y las ansías por cuotas de poder por parte de los tres partidos políticos más fuertes complica un poco la elección, según analistas.
Incluso, sectores políticos no descartan que se implemente una reforma constitucional, para crear un segundo fiscal general adjunto o elevar a rango constitucional al director de fiscales (que sea elegido por el Congreso Nacional), y efectuar la elección hasta que inicie la próxima legislatura, es decir, el 23 de enero de 2024.