La primera reunión se sostuvo el 8 de marzo entre el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, y el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, por parte del Gobierno, y el presidente del Cohep, Mateo Yibrín.
Desde ese momento, el sector privado, aunque se mostró renuente ante el planteamiento del Gobierno, calificándolo como «trasnochado» y «populista», prometió entregar sus observaciones al anteproyecto de ley.
Luego, «hoy (23 de marzo) se inició el diálogo entre el sector privado y el Gobierno sobre la Ley de Justicia Tributaria», dijo este día el portavoz del Cohep, Carlos Medrano.
En la reunión, añadió, «se entregaron las observaciones preliminares, las recomendaciones y las propuestas del sector privado que se tomarán como insumo para la próxima reunión».
Sin embargo, no precisó cuándo será el próxima encuentro entre el sector privado y Gobierno, en el que, previsiblemente, se conocerán los detalles de la contrapropuesta.
«Reiteramos que el sector privado siempre ha estado abierto a la revisión de exoneraciones y a favor de que se sancione a quienes cometen abusos», cerró Medrano.
En la reunión de este miércoles estuvieron presentes el subdirector del SAR, Christian Duarte, y el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho.
Polémica reforma tributaria
La Ley de Justicia Tributaria, impulsada por el Gobierno, plantea la eliminación de 16 de 18 regímenes de exoneración fiscal, así como la clausura del Consejo Nacional de Inversiones (CNI) y la Superintendencia de Alianza Público Privada.
Según la postura del Gobierno, los regímenes de exoneración fiscal han representado privilegios fiscales que suman L451,415.3 millones entre 2009 y 2022. En el último año sumaron L57,000 millones, el 7% del Producto Interior Bruto (PIB).
Sin embargo, economistas y analistas apuntan a que el contenido debe revisarse minuciosamente, porque muchas de las exoneraciones fiscales han incentivado la inversión y la generación de empleo.
Desde el Congreso Nacional, las bancadas de los partidos Nacional y Liberal se han mostrado en contra del planteamiento oficialista, que es respaldado en el Legislativo por Libertad y Refundación (Libre).
Mientras que el Partido Salvador de Honduras (PSH) todavía no emite una postura.
