La ex primera ministra de Perú Betssy Chávez y los exministros del Interior Willy Huerta y de Comercio Roberto Sánchez serán investigados por el autogolpe de Estado que intentó dar el pasado 7 de diciembre el entonces presidente Pedro Castillo, quien actualmente cumple prisión preventiva mientras también es investigado por este caso.
El pleno del Congreso peruano aprobó este miércoles acusar constitucionalmente a Chávez, Huerta y Sánchez por la presunta comisión, como coautores, del delito de rebelión y, alternativamente, de conspiración.
La acusación constitucional fue presentada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tras una denuncia de la Fiscalía de la Nación y votada, por separado en cada caso, tras un debate de cinco horas en el pleno.
Al ser Chávez y Sánchez también diputados, el Congreso votó y aprobó suspender a la primera en el ejercicio de sus funciones legislativas en tanto dure el proceso penal en su contra, pero rechazó adoptar esa misma medida contra el segundo.
Antes del debate, Chávez pidió al pleno que apruebe la acusación y manifestó su «profundo compromiso democrático», para luego decir que «se requiere reconciliar a este país y para eso es prioritario que el pacto social sea producto del diálogo». «Es mi voluntad solicitar a este pleno: líbrenme de este cáliz, paz, justicia y libertad», indicó antes de decir que «la libertad no nos la regala nadie».
Durante la sesión de la semana pasada de la Comisión Permanente, los abogados de Chávez ya presentaron una carta en la que la ex primera ministra pidió al Parlamento que apruebe la acusación para poder acreditar su «absoluta inocencia» ante la Fiscalía.
Huerta afirmó, por su parte, que ya ha probado ante la Fiscalía que no tenía conocimiento de la intención de Castillo y que, por tanto, no existe conspiración de su parte, ni pruebas que corroboren esta acusación.
En este sentido, dijo que se siente «traicionado», «utilizado» y «defraudado» por el exmandatario por haberlo involucrado en esta situación, algo que consideró que no merece porque ha respetado «todos los principios que corresponden a la norma».
Sánchez también defendió su inocencia y sostuvo que desconocía lo que iba a pasar el 7 de diciembre, ya que no hubo ningún diálogo previo que le informara sobre lo que Castillo iba a anunciar. «Yo mismo quisiera saber quiénes tomaron esa decisión», remarcó ante de exhortar a los responsables a que asuman sus actos y digan «la verdad» al país.
El pleno del Congreso debatió la propuesta de acusación constitucional después de que el pasado 14 de marzo la Comisión Permanente aprobó esa propuesta presentada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
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