La Fiscalía General de México procede penalmente contra el jefe del Instituto Nacional de Migración por el caso de los 40 migrantes que fallecieron encerrados en un incendio ocurrido el mes pasado en un centro de detención de Ciudad Juárez
La Fiscalía General de México acordó proceder penalmente contra el jefe del Instituto Nacional de Migración por el caso de los 40 migrantes que fallecieron encerrados en un mortal incendio ocurrido el mes pasado en un centro de detención de Ciudad Juárez.
Francisco Garduño será procesado por presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, confirmó a Associated Press un funcionario federal.
Por este caso, la Fiscalía General también decidió proceder penalmente contra Antonio “N”, directivo del INM, y los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes, según un comunicado del organismo, «se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas” la noche del pasado 27 de marzo.
La AP solicitó a Migración una reacción sobre la acción de la Fiscalía, pero no hubo comentarios de momento.
Cinco personas —-tres funcionarios de migración, un guardia privado y el migrante venezolano que presuntamente inició el fuego— ya estaban bajo investigación, procesados por presunto homicidio y lesiones, ya que en el suceso una treintena de personas quedaron heridas. La mayoría de las 40 víctimas procedían de países de Centroamérica.
Respecto a las indagaciones sobre lo ocurrido, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo también el martes que los guardias no tenían las llaves de la celda cuando comenzó el fuego en el centro de detención de Ciudad Juárez, localidad fronteriza con Texas.
En imágenes de video de una cámara de seguridad, puede verse a unos guardias que se salían de la sala mientras iniciaba el fuego en unos colchones dentro de la celda en la que estaban decenas de migrantes, sin que hicieran ningún intento por liberarlos.
Hasta el momento no está claro quién tenía las llaves de la celda o si había más de un juego, pero el presidente mexicano afirmó el martes que la intoxicación que provocó la muerte de los migrantes tuvo lugar porque “quien tenía la llave, no estaba”.
Antes de que la Fiscalía mexicana anunciarar la implicación del titular de Migración, el gobierno de Guatemala confirmó que los cuerpos de 17 migrantes guatemaltecos fallecidos en el mortal incendio habían llegado al país, a la Fuerza Aérea guatemalteca, y que fueron recibidos, entre llanto y tristeza, por sus familiares.
“Papito, mijo, mi amor”, se escuchó en medio del silencio en el momento de recepción de los restos de las víctimas. Los féretros, con la bandera de Guatemala encima, fueron colocados en línea, con coronas de flores y fotografías en vida de los migrantes.
Diego Coj, tío de Manuel Alexander Chox, uno de los fallecidos, dijo que la familia del migrante estaba consternada, que aún no podían creer la tragedia y que esperaban justicia. “Ahorita estamos esperando el cuerpo de nuestro familiar, que investiguen las autoridades para que respondan por sus vidas”, dijo Coj.
Entre los fallecidos está Bacilio Sutuj, un guatemalteco de 51 años originario de San Martín Jilotepeque -en el departamento de Chimaltenango- que no le había contado a su familia su intención de migrar hasta dos días antes del incendio, cuando les dijo que había sido detenido por la migración mexicana.
El canciller guatemalteco, Mario Búcaro, acompañó en la repatriación de los cuerpos en un avión de la Fuerza Aérea mexicana y, a su arribo a Guatemala, calificó de tragedia terrible el incendio en el que murieron los migrantes cuando estaban bajo custodia de las autoridades migratorias mexicanas.
Agregó que se buscará “juicio, castigo y reparación” y que, bajo la ley mexicana, el gobierno guatemalteco se convirtió en parte procesal coadyuvante dentro del proceso penal federal abierto sobre este hecho. Según el gobierno federal mexicano, se analizará toda la cadena de responsabilidades y las irregularidades en cuanto a las medidas de protección civil en caso de emergencia.
Tras la llegada de los cuerpos y un minuto de silencio, personal de funerarias pagadas por el gobierno guatemalteco cargó los féretros a camionetas para llevarlos hasta sus comunidades. La mayoría llegará a sus destinos la madrugada del miércoles para ser velados y algunos enterrados el jueves.
Los guatemaltecos fallecidos eran oriundos de nueve departamentos distintos en las regiones norte y occidente del país, regiones campesinas e indígenas golpeadas por la pobreza y la desnutrición.
Las tareas de repatriación de las víctimas comenzaron la semana pasada, primero, con los restos de un colombiano y el viernes anterior con siete salvadoreños. El martes, los 17 guatemaltecos y otros seis hondureños.
Sendos aviones de la Fuerza Aérea mexicana trasladaron los féretros de los migrantes fallecidos hasta Guatemala y Honduras. Además, del canciller guatemalteco, el vicecónsul de Honduras en México, Darwin Medina, acompañó los trámites y a los familiares de las víctimas.
Según la cancillería guatemalteca, 19 de los 40 fallecidos eran de origen guatemalteco. Sin embargo, dos de los fallecidos que se cree que son guatemaltecos no fueron repatriados pues no se ha podido establecer plenamente su identidad debido a que uno no tenía documento alguno de identificación y el otro tenía quemaduras en las manos que impidieron tomar sus huellas dactilares. Las autoridades guatemaltecas realizarán pruebas de ADN para reconocerlos.
