El exjefe de la banda había aceptado cargos por narcotráfico en enero y esperaba una sentencia de menos de 25 años de reclusión
La justicia estadounidense ha condenado este martes al capo colombiano Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, a 45 años de prisión.
En enero, el exlíder del Clan del Golfo se había declarado culpable de encabezar una organización criminal para tráfico de narcóticos y de conspirar para introducir estas sustancias en Estados Unidos.
La defensa no ha tenido éxito en su objetivo de lograr una condena de menos de 25 años de cárcel.
Los fiscales habían señalado en la acusación que Otoniel lideró “una organización terrorista y paramilitar” durante dos décadas y que dejó pasar las oportunidades para negociar un acuerdo de desmovilización con el Gobierno colombiano.
“Ordenó el asesinato, el secuestro y la tortura de sus rivales y de individuos que él creía que cooperaban con las autoridades. No se puede enfatizar lo suficiente en su deseo de tener control y tomar venganza”, se lee en uno de los escritos que presentó la Fiscalía ante el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York.
La defensa alegó entonces que el exjefe del Clan del Golfo creció en la pobreza y que fue víctima de reclutamiento forzado cuando era niño. También señaló la admisión de cargos en enero.
La jueza Dora Irizarry rechazó una reducción de la pena: afirmó que este es uno de los casos más graves que ha tenido en su carrera y enfatizó en que la violencia del Clan del Golfo había generado muchos muertos en Estados Unidos.
Asimismo, le respondió a Otoniel que ella también había crecido en un entorno difícil —El Bronx, un distrito de Nueva York— y que eso no era una excusa válida para dedicarse a la violencia. “No se puede tapar el sol con un dedo”, le dijo en español.
Otoniel tuvo una carrera criminal de más de 30 años. No solo fue líder del Clan del Golfo, una banda que surgió tras la desmovilización de los grupos paramilitares en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Antes, había pertenecido a la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El líder narco fue capturado en la frontera colombiana con Panamá a finales de 2021, durante el Gobierno de Iván Duque, en una operación aplaudida por el entonces presidente colombiano.
Meses después, en mayo de 2022, fue extraditado a Estados Unidos. En represalia, el Clan del Golfo decretó un paro armado que paralizó gran parte del país durante cuatro días.
La extradición causó polémica porque Otoniel enfrentaba 122 procesos penales en Colombia, donde ya suma seis condenas.
La distancia hace mucho más difícil que contribuya a la verdad y ayude a reparar a sus víctimas en el país.
Justamente, las víctimas de Otoniel rechazaron la extradición por esa causa e incluso intentaron detenerla por vías legales, que finalmente fracasaron.
El entonces presidente respondió a esas críticas. “Una vez cumpla su pena por narcotráfico, tendrá que venir a Colombia a cumplir las condenas por los crímenes que también ha cometido en nuestro país”, sostuvo Duque.
Uno de los opositores a la extradición había sido el actual presidente, Gustavo Petro, que había señalado que el exjefe paramilitar debía comparecer ante la justicia transicional en Colombia.
“Duque tiene temor de lo que diga Otoniel ante la JEP; si no es así, ¿por qué no lo extradita después de su confesión?”, comentó en referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Meses después, durante la campaña electoral, enfatizó en que las víctimas en Colombia “tienen derecho a conocer la verdad”.
Una de las condiciones judiciales para extraditar a Otoniel a Estados Unidos, país en el que tenía procesos por narcotráfico, fue que no se le condenara a cadena perpetua.
La Constitución colombiana prohíbe esta pena y establece un máximo de 50 años de prisión.
