Pese a que Putin no puede ser arrestado, es imposible porque Rusia jamás entregará a uno de sus altos funcionarios.
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido este viernes una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Esta acción judicial se debe a que Putin se encuentra bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos.
El TPI también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova.
La corte entiende «motivos razonables» para creer que Putin «tiene responsabilidad penal individual» por estos delitos.
Esto bien por su comisión «directa» o por haber sido incapaz de «ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos».
El Kremlin ha desmentido constantemente que esté deportando a niños ucranianos por la fuerza frente a las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados.
Según el Gobierno ucraniano al menos 16.000 niños han acabado desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde el comienzo del conflicto.
Mientras un reciente estudio presentado en febrero por la Universidad de Yale denunciaba al menos 6.000 niños ucranianos repartidos en 40 internados rusos.
Las órdenes de arresto de este viernes representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial.
Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.
La posibilidad de que el TPI acabe juzgando a Putin es prácticamente imposible por varios motivos: la corte no puede atender casos ‘in absentia’ del acusado.
Además, Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso.
Sin embargo, el TPI sí que está capacitado, como mínimo, para imputar a Putin, dado que no reconoce la inmunidad para los jefes de Estado en casos de crímenes de guerra.
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