Javier Milei redujo el peso en un 50% y puso en marcha una motosierra. El gobierno de extrema derecha de Argentina anunció una congelación de nuevas obras públicas, el despido de todos los funcionarios con menos de un año en el cargo, una reducción de los subsidios a la energía y el transporte en febrero y un fuerte recorte de las transferencias de fondos federales a las provincias.
El presidente del país sudamericano quiere reducir el gasto del sector público en unos 20.000 millones de dólares, o un cinco por ciento del PIB, y lo hará lo antes posible. «No hay dinero», repitió el ministro de Economía, Luis Caputo, al anunciar las primeras medidas económicas en un mensaje leído en papel.
El tipo de cambio oficial aumentó de 400 pesos a 800 pesos por dólar, una repentina devaluación del 50 por ciento. El valor pone fin a la ficción de valor que ha mantenido el gobierno de Alberto Fernández con una serie de restricciones cambiarias, pero no libera el mercado de divisas ni cierra la brecha con los tipos de cambio alternativos coexistentes de Argentina de más de mil pesos al dólar. . El miércoles veremos la reacción de los tipos de cambio moviéndose sin control gubernamental.
La devaluación en una economía con años de controles de precios y restricciones monetarias sin un plan paralelo para frenar la inflación puede ser una medicina muy peligrosa.
El plan supone que la recesión y el posterior colapso del consumo y la parálisis comercial detendrán los aumentos de precios. La escalada se aceleró desde el lunes en previsión de las medidas financieras prometidas por Milei.
Sin embargo, otros sectores quedaron semiparalizados a la espera del valor del tipo de cambio oficial. Esto se aplica a la construcción donde los proveedores transportan a los clientes durante más de una semana para evitar venderles materiales.
Arranque desorganizado
Las medidas económicas iban a anunciarse el lunes, pero se pospusieron al martes. El mensaje se grabó a media tarde y estaba previsto que se retransmitiese a las cinco.
El Gobierno envió un enlace con la web de la retransmisión, pero a pocos minutos de la hora anunciada, ese enlace dejó de funcionar. La grabación fue finalmente emitida con dos horas de retraso.
Durante los primeros diez minutos, Caputo dio una clase de economía liberal. Atribuyó todos los males de Argentina a su “adicción al déficit fiscal”, es decir, a gastar más de lo que ingresa y repitió la amenaza hecha por Milei en su discurso inaugural: si no hay un recorte de gasto público drástico puede haber una hiperinflación del 15.000% en caso de no hacer un ajuste fiscal drástico.
“Imaginemos que la leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en un año. Nuestra misión es evitar esta catástrofe”, dijo el ministro en la larga introducción.
A continuación, anunció una batería de diez medidas. Además de la devaluación, la que tendrá un mayor impacto en el bolsillo de los argentinos será la reducción de los subsidios al transporte público, la luz, el gas y el agua.
El poder adquisitivo de muchas familias ha caído en picado desde 2018 y afrontar ese nuevo gasto no será nada fácil. También van a estar en apuros muchas provincias si dejan de recibir fondos nacionales, otra de las medidas anunciadas.
La motosierra de Milei se dirigirá hacia el Estado. Caputo avanzó que no se renovarán los contratos laborales de funcionarios que tengan menos de un año de vigencia. Este lunes ya se anunció que se haría una revisión exhaustiva de contratos de los trabajadores de la Administración nacional.
El empleo público supone alrededor del 18% del empleo total de Argentina, aunque durante la pandemia de covid-19 ascendió al 20%, según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
Se trata de un porcentaje muy superior al de otros países de la región como Chile (12%) o México (13%). En Argentina, las tres administraciones —nacional, provincial y municipal— suman casi 3,5 millones de trabajadores.