La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó que los agentes de la Patrulla Fronteriza retiren el alambre de púas que se instaló en la frontera con México como parte de la iniciativa de seguridad del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, mientras se desarrolla la apelación legal que presentó el estado frente al retiro.
La decisión de los jueces, tras una votación de 5-4, representa una gran victoria para el presidente Joe Biden en su actual disputa con Abbott sobre la política fronteriza, sobre la cual se han disparado las tensiones en los últimos días. En parte, luego de que tres migrantes se ahogaran en una sección del río Grande a la cual agentes federales no tienen acceso porque funcionarios estatales lo bloquearon. Una situación que llevó al Gobierno de Biden a presionar aún más por la intervención de la Corte Suprema.
Por su parte, el gobernador Abbott reaccionó a través de una declaración de su secretario de Prensa en la que dijo que Texas «seguirá luchando para defender la propiedad del estado y su autoridad constitucional para asegurar la frontera». “El Gobierno de Biden ha cortado repetidamente el alambre que Texas instaló para detener los cruces ilegales, abriendo las compuertas a los migrantes. La ausencia de alambre de púas y otras estrategias de disuasión alienta a los migrantes a realizar cruces inseguros e ilegales entre los puertos de entrada, al tiempo que hace que el trabajo de los soldados de la Guardia Nacional de Texas y del DPS sea más peligroso y difícil. Este caso está en curso y el gobernador Abbott seguirá luchando para defender la propiedad de Texas y su autoridad constitucional para asegurar la frontera”, se lee en el comunicado.
El mes pasado, una corte federal de apelaciones ordenó a los agentes de la Patrulla Fronteriza que dejaran de retirar alambre de púas a lo largo de un pequeño tramo del río Grande mientras continúan los procedimientos judiciales. Por su parte, el Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema a principios de enero que interviniera de emergencia para eliminar ese fallo, lo que hicieron este lunes.
Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh dijeron que habrían rechazado la solicitud federal.
Steve Vladeck, analista de CNN sobre la Corte Suprema y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, dijo que si bien la orden implica una victoria para la administración de Biden, la demora en emitirla plantea preguntas a futuro.
“Independientemente de lo que uno piense de la actual política de inmigración, no debería ser tan polémico que los estados no puedan impedir al gobierno federal hacer cumplir la ley. No sea que preparemos el escenario para que los estados liderados por los demócratas intenten de manera similar frustrar la aplicación de políticas federales que dejaron presidentes republicanos”, dijo Vladeck. “El hecho de que cuatro jueces habrían dejado vigente la orden judicial del tribunal inferior se tomará, correcta o incorrectamente, como una señal de que algunos de esos antiguos principios del federalismo constitucional podrían estar en cierto grado de cambio”, añadió.
Los abogados que representan al gobierno federal argumentaron que la decisión del tribunal de apelaciones “invierte y deja patas arriba” la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que las leyes federales tienen superioridad sobre las leyes estatales.
“El resultado de la posición de Texas sería que los estados de todo el país podrían invocar sus leyes para impedirle al gobierno federal el ejercicio de su autoridad”, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar en documentos judiciales.
“Si esa orden judicial se mantiene”, enfatizó Prelogar, “impedirá que los agentes de la Patrulla Fronteriza cumplan con sus responsabilidades de implementar las leyes de inmigración y protegerse contra el riesgo de lesiones y muerte, asuntos en los que el gobierno federal, no Texas, se le responsabiliza políticamente”, añadió.
En documentos posteriores ante la Corte Suprema, Prelogar sostuvo que las barreras erigidas recientemente por Texas –incluyendo nuevas cercas, puertas y vehículo Humvees militares– “demuestran una escalada” de los esfuerzos del estado por obstaculizar las tareas de Patrulla Fronteriza del gobierno y “reforzar” la necesidad de rápida intervención en el asunto.
También les dijo a los jueces que Texas estaba violando una parte crítica de la orden que permite a los agentes federales cortar cables para atender emergencias médicas, argumentando que los ahogamientos de dos niños y una mujer a principios de este mes, así como el rescate por parte de funcionarios mexicanos de otros dos migrantes en el lado estadounidense del río Grande “subrayan que Texas es firme en sus continuos esfuerzos… para bloquear el acceso de la Patrulla Fronteriza a la frontera incluso en circunstancias de emergencia”.
Texas presentó una demanda el año pasado para impedir que los agentes de la Patrulla Fronteriza cortaran el alambre de púas, bajo el argumento de que destruía ilegalmente propiedad estatal y socavaba la seguridad para ayudar a los migrantes a cruzar la frontera.
El Quinto Circuito está evaluando actualmente las cuestiones legales sobre si el gobierno federal tiene la autoridad para cortar el alambre que Texas instaló en las orillas del río Grande. Está previsto que escuche los argumentos orales del caso el 7 de febrero.
El estado también había instado a la Corte Suprema a denegar la solicitud del Gobierno de Biden, al señalar a los magistrados en documentos judiciales que “no hay base para la intervención de esta corte, y mucho menos ahora”.
Los abogados del estado señalaron que después de que la administración de Biden presentara su solicitud de emergencia a la Corte Suprema, el tribunal de apelaciones dijo que aceleraría la revisión del caso, una decisión que, según el estado, socavaba la necesidad de una acción rápida por parte del tribunal superior del país.
“En cualquier caso, cortar las cercas de Texas para permitir que miles de personas ingresen a Texas no tiene nada que ver con la inspección, la detención o la expulsión”, escribieron el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y otros abogados del estado en documentos judiciales.
“Las conclusiones del tribunal de distrito demuestran más que las acciones (de la administración) están tan alejadas de lo que el Congreso autorizó que no tienen nada que ver con la autoridad legal de los demandados”, dijeron a la Corte.
