La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú aprobó la admisión de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por corrupción.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le imputa al presidente Pedro Castillo los presuntos delitos de organización criminal —encabezaría esta red—, tráfico de influencias y colusión.
Asimismo, la denuncia constitucional alcanza a los exministros de Transportes y de Vivienda, respectivamente Juan Silva y Geiner Alvarado.
El Congreso inicia así formalmente el proceso. Primero, el expediente deberá ser enviado a la Comisión Permanente para que ratifique la decisión y otorgue un plazo de 15 días para elaborar un informe de calificación de hechos. Luego, vienen varias etapas, incluyendo audiencias con ambas partes.
Durante el debate, el legislador oficialista José María Balcázar (Perú Bicentenario) fue el más férreo defensor del mandatario, al demandar que la denuncia se declare improcedente.
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Por su parte, Lady Camones, presidenta del grupo de trabajo, señaló que es la primera vez que la fiscalía de la Nación presenta una denuncia constitucional contra un presidente en ejercicio.
“Corresponde a este Parlamento garantizar la búsqueda de la verdad y que ésta se realice en el marco del respeto del debido proceso”, exclamó.
Como se sabe, lo que busca la fiscalía es continuar con la investigación al presidente —que empezó en etapa preliminar— y formalizarla para dar pie a la etapa preparatoria.
Expertos en derecho parlamentario han señalado que para que prospere el caso, además, el jefe de Estado tendría que ser vacado o suspendido de su cargo.
Lo que dice el informe
El informe de calificación hace inicialmente un recuento de hechos de presunta corrupción que implican al mandatario y a sus exministros, como los casos Petro-Perú, Provías, obras del Ministerio de Vivienda y gabinete en la sombra.
Y en el marco del estadío en que se encuentra la denuncia constitucional, el informe de calificación concluye que aquella cumple con todos los requisitos formales para su presentación y los criterios de admisibilidad.
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“Siendo esta la etapa postulatoria y estando que la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público cumple con todos los requisitos de admisibilidad y procedibilidad, comprendidos en los artículos 89 inciso a) y c) del Reglamento del Congreso, corresponde a esta Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitir y dar trámite la presente denuncia constitucional a fin de iniciar las investigaciones dentro del marco del debido procedimiento en la sede parlamentaria”, concluye el documento.
En caso el trámite de la denuncia constitucional llegue a las instancias finales parlamentarias, la decisión quedará en manos de pleno, actualmente de 129 integrantes por la suspensión de Freddy Díaz.
No obstante, la votación deberá hacerse sin contar a los 33 miembros de la Comisión Permanente (incluyendo al presidente José Williams, que además no vota), quedando una base de 96 legisladores.
Ahí, según han señalado expertos, el pleno deberá determinar si se declara a lugar la formación de causa contra el presidente (antejuicio político).
Para esto, se requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Parlamento sin la participación de integrantes de la Comisión Permanente (49).
Si fuera un escenario de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional (juicio político), se requeriría la votación de los dos tercios del número de miembros del Congreso sin la participación de la Comisión Permanente (64).
Proyección de votos antes del debate
Según una proyección realizada antes del debate, había los votos para aprobar el informe de calificación.
Se estimaba al menos 12 votos a favor, principalmente de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y un sector de Acción Popular.
En el caso de Acción Popular, Aragón indicó a El Comercio que respaldará el informe de calificación, pues considera que la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación está fundamentada y sustentada.
En esa línea, sostuvo que la denuncia y lo que decida este miércoles la subcomisión marca un hito en el proceso.
“Puede marcar el inicio del fin del gobierno del presidente, y no como vacancia. Va a contradecir lo que ha expresado el presidente últimamente, cuando dice: yo voy a seguir en el gobierno hasta el último día y entregaré el poder el 28 de julio del 2026. Bueno, ese presagio bueno para él, a lo mejor no se va a dar”, manifestó.
Su colega Aragón refirió que aún prefiere evaluar los argumentos formales del informe de calificación, pero consideró que la denuncia constitucional sí tiene argumentos de fondo y “tiene que caminar”.
“El presidente tiene que sujetarse a todas las investigaciones, no se puede utilizar un arma política o jurídica para limitar las investigaciones que hace la Fiscal de la Nación al presidente”, agregó.
En tanto, fuentes de la bancada de Somos Perú reiteraron que su representante en la subcomisión, Hitler Saavedra, se mantiene en licencia por salud hasta el 19 de noviembre, por lo que no acudirá a la sesión.
Asimismo, Óscar Zea, de Podemos Perú, manifestó que no participará porque también se encuentra de licencia.
En tanto, se calculba unos 7 votos en contra desde las bancadas de Perú Libre, Perú Bicentenario, Perú Democrático y Bloque Magisterial.
Las posturas de representantes bancadas de centro en la subcomisión, como Acción Popular (Luis Aragón, Wilson Soto y José Arriola), Integridad y Desarrollo (Susel Paredes), Somos Perú (Hitler Saavedra), así como la de Podemos Perú (Óscar Zea) podrían jugar un importante rol.
