Al menos 135 defensores de derechos humanos murieron de manera violenta en Honduras desde 2014, informó el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que señaló que el 95 % de los casos está impune y pidió una “profunda y exhaustiva” investigación.
Entre 2021 y lo que va de 2023, fallecieron 40 defensores de derechos humanos, la mayoría de ellos dedicados a la defensa de pueblos, la tierra, los territorios, el ambiente y del colectivo LGTBI, indicó el organismo hondureño en un informe.
Once defensores de derechos humanos murieron en 2021, unos 18 en 2022 y al menos una docena en lo que va de 2023, añadió.
El 60 % de los 40 casos de defensores fallecidos entre 2021 y 2023 se registraron en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro, en el Caribe y norte del país centroamericano.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, condenó que Honduras continúe siendo uno de los países “más peligrosos” para la defensa de los derechos humanos.
Señaló que la impunidad que rodea el asesinato de defensores de derechos humanos y otros delitos contra esas personas “alimenta aún más la violencia en contra de ellos”.
La criminalización de los defensores tiene “un efecto intimidatorio no solo para ellos, sino que, para la misma sociedad”, subrayó Izaguirre.
Muchos de los defensores, añadió, tienen que “dedicar cada vez más tiempo y recursos para defenderse, lo que debilita su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad”.
Izaguirre considera “urgente y necesario” que Honduras adopte una política pública integral de protección para los defensores de derechos humanos, y asigne el presupuesto necesario para su efectiva implementación.
Los defensores son víctimas de amenazas a muerte, persecución, intimidación, judicialización, atentados, detenciones, hostigamiento, agresiones físicas, represión, difamación, secuestros y desaparición, entre otros, destaca el informe.
Los pueblos lencas, tolupán, garífuna, chortí, pech y misquito tratan de proteger sus tierras ancestrales, por lo que se enfrentan a la criminalización, la estigmatización y el acoso judicial, según el Conadeh.
Izaguirre recomendó al Estado de Honduras tomar las medidas de protección necesarias para detener los desplazamientos de personas de los pueblos indígenas, campesinos y otros grupos, que experimentan “una dependencia especial de su tierra”.
El Conadeh enfatizó la desaparición de cuatro defensores garífunas en julio de 2020 en la comunidad Triunfo de la Cruz, en el Caribe hondureño, sin que hasta la fecha se conozca su paradero y avances en las investigaciones del Ministerio Público.
