La Comisionada de Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, exhortó este domingo a las autoridades del país centroamericano a investigar y esclarecer la desaparición, amenazas y muerte violenta de mujeres y niñas.
Entre 2002 y lo que va de 2023, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) registró la muerte violenta de al menos 7.600 mujeres y el 95 % de los casos siguen impunes.
El Estado hondureño debe «diseñar y definir políticas públicas conducentes a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, con énfasis en muertes violentas o feminicidios, así como contra la violencia doméstica e intrafamiliar», indicó Izaguirre en un comunicado.
El feminicidio, agregó, constituye una «flagrante violación a los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida»:
Izaguirre instó a las autoridades encargadas de la seguridad a «tomar las medidas preventivas y de investigación para que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de cometer este tipo de hechos violentos contra las mujeres».
En su opinión, hacerle frente a la violencia contra las mujeres es «un desafío» para el Estado hondureño, que tiene el deber de garantizar el respeto a la dignidad humana de todas las personas.
Aunque no hay datos oficiales, la Defensora del Pueblo afirmó que la desaparición de niñas y mujeres es «un problema grave» en el país, donde ellas representan más del 51 % de los 9,7 millones de habitantes.
Izaguirre expresó «su plena disposición en realizar aportes sustanciales y acompañamientos oportunos en protección, promoción y defensa de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en el país».
Solicitó además al Parlamento de Honduras retomar el debate de la Ley de Casas Refugio, presentada en 2018, para mujeres víctimas de la violencia machista en el país, que ya deja más de un centenar de muertas en lo que va de año.
Entre 2018 y el 20 de abril de 2023 alrededor de 15.948 mujeres presentaron denuncias ante el organismo de derechos humanos por consideran que estaba en riesgo su integridad y su vida, y por la violación de acceso a la justicia, según datos del CONADEH.
Solo en 2022, al menos 440 mujeres denunciaron ser víctimas de amenazas a muerte, 381 por falta de acceso a la justicia y al debido proceso, 83 por despidos ilegales o violaciones a las normas laborales en el sector público, 75 se quejaron por abusos de autoridad y 70 por el incumplimiento de responsabilidades familiares.
La mayoría de esas denuncias se concentraron en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Copán, Olancho, Yoro y Atlántida, centro, occidente, norte, oriente y Caribe de Honduras.
