En su informe la directora para las Américas de Human Rigths Watch (HRW), Juanita Goebertus, demandó la materialización de la comisión hondureña contra la impunidad, una promesa de campaña de la actual gobernante, Xiomara Castro.
“La paciencia del pueblo hondureño, la paciencia de la comunidad internacional se está agotando frente a esa promesa (de traer la CICIH a Honduras) y queremos mandar un sentido mensaje de urgencia sobre la importancia de materializar ese compromiso”, dijo.
HRW concluyó que la corrupción en Honduras ha generado violaciones a los derechos humanos del pueblo, según un informe realizado, tras una visita que comenzó a inicio de la semana y una investigación de un año y medio, donde el organismo concluyó que la corrupción en Honduras ha generado violaciones a los derechos humanos del pueblo.
“Cuando hay corrupción en proyectos de salud, de represas hidroeléctricas, en proyectos de lucha contra la pobreza, lo que se genera más allá del acto de corrupción es una violación directa a los derechos humanos del pueblo hondureño”, dijo Goebertus.
Tanto el informe, como el paquete de recomendaciones sobre la corrupción y sus efectos en los derechos sociales, económicos y humanos de los hondureños fueron enviados a la Presidenta Xiomara Castro y al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Había una promesa muy clara, muy explícita del gobierno de Xiomara Castro, tanto en la campaña como en el inicio de gobierno de crear una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH), “sin embargo llevamos un año y medio desde esa promesa de ejercicio de gobierno y esta aún no se ha materializado”, resaltó la directora para las Américas de HRW.
Para el organismo, poner en marcha esta comisión supone superar una serie de obstáculos para hacer investigaciones efectivas, un hecho que precisamente destaca entre los obstáculos que impiden esta instalación y que Naciones Unidas han exigido.
“Sino se remueven esos obstáculos, mal haríamos en poner en marcha una comisión de este estilo”, dijo Goebertus al destacar entre las barreras actuales, el decreto 116-2019 que genera obstáculos para la investigación a diputados referidas al cuestionado fondo departamental.
El informe también hace referencia al decreto 4/2022, que otorga una amnistía a exfuncionarios que se desempeñaron durante el mandato del presidente Manuel Zelaya y que hayan sido investigados, procesados o condenados por “actos propios del ejercicio de su función pública” tras el golpe de Estado de 2009 contra Zelaya.
“Es fundamental que la Presidenta cumpla con revocar estos obstáculos”, dijo la directora para las Américas de HRW, al agregar también que urge de independencia judicial, pues en la actualidad “Honduras está lejos de tener un sistema de independencia judicial”.
